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100 años de la Venezuela petrolera /III
La cultura del rentismo ha sido determinante en el manejo de nuestro recurso petrolero
En nuestro artículo anterior señalábamos que en la actualidad Venezuela está cumpliendo diez décadas desde que el petróleo surgió como una actividad importante en el país, pero igualmente indicábamos que estamos en la antesala del agotamiento de un modelo de desarrollo rentista y clientelar que, apalancado en la explotación de los hidrocarburos, se inició hace más de 80 largos años cuando esa actividad económica asumió su influencia determinante en la economía nacional. Por ello, en los albores de ese desarrollo, Alberto Adriani y Arturo Uslar Pietri señalaban los peligros de la explotación rentista de ese recurso natural no renovable y, ya para entonces, planteaban la necesidad de invertir la riqueza producida por el petróleo en la modernización de la Venezuela agro exportadora. Posteriormente, Uslar insistía -y fue su predica de toda la vida- en la necesidad de emplear los recursos derivados de la industria petrolera en la diversificación de nuestra economía y en la educación para cambiar la mentalidad rentista del venezolano y lograr un país más productivo, capaz de insertarse con ventajas en las nuevas realidades globales.

A pesar de las alertas tempranas de Adriani y de Uslar y de logros innegables impulsados por el desarrollo petrolero, el manejo rentista del ingreso fiscal derivado de la explotación de los hidrocarburos ha sido constante a lo largo de la historia de la Venezuela con graves consecuencias para el país. La cultura del rentismo, heredada de la colonización española, ha sido determinante en el manejo de nuestro recurso petrolero y en la forma de hacer política y de hacer gobierno que con frecuencia ha prevalecido en el país, con gobernantes autoritarios y caudillescos que han gestionado los recursos públicos propiciando el populismo, el nepotismo, el amiguísimo y el clientelismo como estrategias de gestión para preservar su poder, y el de su grupo, todo ello apalancado en el uso poco transparente de los recursos de Estado, administrados a su arbitrio, generalmente en forma ineficiente y con frecuentes escándalos de despilfarro y corrupción.

Los elevados precios de los hidrocarburos de los últimos tres quinquenios han profundizado ese modelo con marcado sesgo de capitalismo de Estado y exacerbado el populismo y clientelismo, acentuando la prevalencia del sistema monopólico estatal de producción rentista petrolero, el cual, por su ineficiencia y gestión poco transparente mantiene al país estancado en su desarrollo y sumido en una profunda crisis económica y social que amenaza seriamente la gobernabilidad democrática. Las señales de agonía de ese modelo de desarrollo son más que evidentes: En el periodo referido se ha acrecentado la tendencia monoexportadora de hidrocarburos de nuestra economía e incrementado la dependencia de los mercados internacionales para satisfacer la demanda interna de bienes de consumo. Hace una década el país importaba sólo 1.800 millones de dólares en alimentos y en la actualidad, con la crisis provocada en ese sector interno, las importaciones están cerca de 10 mil millones. La dependencia del petróleo para el desarrollo del país se ha acentuado de 60% en 1999 a 94% en 2013. En ese mismo periodo la tasa de cambio oficial se incrementó en 998%. La inflación acumulada para 2013 superó 60% siendo la más elevada del continente y el salario mínimo dolarizado es el más bajo de Latinoamérica. Transparencia Internacional ubica a Venezuela entre los países más corruptos del planeta y en el tema de inseguridad y violencia, Caracas se destaca como una de las ciudades más peligrosas del mundo, con más de 120 asesinatos por cien mil habitantes. A todo ello se agrega la profundización de la crisis del sistema educativo y de los servicios de salud, todo lo cual está provocando una preocupante diáspora de venezolanos, especialmente de los jóvenes, quienes al no percibir un futuro seguro marchan a otros países en búsqueda de una mejor calidad de vida.

Debe señalarse que el proceso de deterioro del país empezó a ponerse en evidencia desde finales de los años 70, con una tendencia continúa de empobrecimiento económico, lo cual se refleja -entre otros indicadores- en la notable reducción del salario real y de la productividad y en la desmejora generalizada de la calidad de vida a todos los niveles de la sociedad. Pero la crisis más grave que se ha encubado especialmente en las últimas cuatro décadas se refleja en la pobre capacidad de respuesta del liderazgo político y la dirigencia nacional frente a las perversas consecuencias del agotamiento del rentismo y del populismo. Estos grupos están sufriendo lo que algunos psicólogos y sociólogos califican como dislexia política. Es decir, esa enfermedad que dificulta el aprendizaje y que en política impide comprender la compleja realidad nacional.

Por ello en esas circunstancias es difícil lograr los acuerdos necesarios para conformar un nuevo proyecto de país, deslastrado de los vicios del rentismo y con visión de largo plazo. Además para lograr ese objetivo fundamental y necesario se requiere superar la crisis de valores éticos e institucionales que pesa sobre la colectividad nacional y provoca la anomia social: otro grave mal que explica el estado de pasividad del venezolano frente a la crisis institucional, la corrupción, la injusticia, la frecuente violación de los derechos humanos, el desabastecimiento, la violencia generalizada, el hampa desbordada, la crisis de los servicios públicos y otras manifestaciones de la pérdida de calidad de vida. No es fácil superar estos males, pero el país reclama, con urgencia, un cambio radical para romper con la cultura del rentismo. Y en ese esfuerzo, la educación tiene un papel protagónico, como veremos en un próximo artículo.

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