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Comunas, democracia y capital social: debate necesario/I
En la antesala de los próximos procesos electorales (el del 16 de diciembre para las autoridades regionales y el de abril para los gobiernos locales), se ha acentuado la intención gubernamental de imponerle al país un sistema, no previsto en nuestra Constitución.
Su célula fundamental parecen ser los consejos comunales y las comunas socialistas, con el argumento de que esas organizaciones sociales y políticas representa la realización de la democracia participativa, como manera objetiva de darle el poder al pueblo para crear "la patria nueva" y el "hombre nuevo". 

Tales consignas,  se remontan a las ideas de regímenes autoritarios de ideología marxista-leninista   como el  soviético (que colapsó a finales de los años 80, dejando una secuela de más de 23 millones de muertos por purgas y hambrunas); el genocida experimento de ingeniería social auspiciado en Camboya de 1975 a 1979 por Pol Pot (con su política de control absoluto de los ciudadanos y de la educación, que destruyó la economía de ese país y exterminó a más de 2 millones de seres humanos);  los programas de "El Gran Salto" y la  "Revolución Cultural" de Mao Tse Tung  (que en su férrea dictadura comunista, provocó cerca de 50 millones de muertos en la república china);  la más cercana autocracia castrista y más recientemente, al caso del derrocado régimen fundamentalista de Kadafi en Libia, con las consecuencias ya conocidas.  

En ninguno de estos ensayos de cambio social,  los regímenes promotores de los mismos se preocuparon por educar a sus pueblos para la  participación democrática, todo lo contrario, han sido  sistemas caracterizados  por planificación centralizada y el  férreo control  del Estado sobre los ciudadanos.

No hay duda de que, ante la sociedad de la información y el conocimiento que identifica  a las nuevas realidades del siglo XXI, se requiere revitalizar la democracia para deslastrarla de mecanismos de poder que se están haciendo obsoletos e inoperantes y reconocer que ahora los ciudadanos están tan bien informados como aquellos que los gobiernan o pretenden gobernar. 

Es decir, se plantea la necesidad de una democracia mas eficiente y realmente participativa para asegurar la transparencia de la gestión pública y de la actividad política. Una democracia que no sea excluyente, ni penetrada por la politización o por intentos de adoctrinamientos que, en nuestro caso estarían violando la Carta Magna, la cual en su preámbulo promueve una sociedad democrática,  participativa y protagónica, preservando los valores de igualdad sin discriminación ni subordinación; y en su articulado reitera la promoción de la libertad, el pluralismo, la descentralización, la igualdad ante la ley y el respeto a todas las corrientes del pensamiento (artículos 2, 4, 6, 21 y  102). 

Lo anterior implica un mayor involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas y promover amplías posibilidades de participación y de asociación para configurar estructuras y movimientos de la sociedad civil capaces de influir directamente y, sin ingerencias clientelares o ideologizantes del poder público, en los procesos de toma de decisiones de interés colectivo. Todo ello va en contra del clientelismo, el populismo, el fundamentalismo  y el centralismo que son tendencias aberrantes, propias de sistemas autoritarios de gobierno,  con las consecuencias  ya referidas.

La promoción de estos valores y estructuras  de gestión como  pilares básicos de la nueva democracia se logra fomentando, a través de la educación, normas y valores compartidos que facilitan la cooperación social  y la confianza, educando para el desarrollo de la capacidad de trabajar juntos en grupos y organizaciones formando redes humanas para alcanzar  objetivos comunes. 

Ello supone el fomento  de  la sociabilidad,  la solidaridad, la asociatividad, la conciencia cívica, la cooperación y la ética y responsabilidad ciudadana; todos estos principios y valores constitutivos del capital social, considerado como un valioso factor productivo y fundamental para la eficiente y transparente gobernabilidad democrática y la promoción del desarrollo con sentido humano. Así lo reflejan estadísticas internacionales que demuestran la estrecha correlación entre elevados indicadores de capital social, desarrollo económico y altos índices de desarrollo humano (IDH). 

Así por ejemplo, Noruega, Finlandia Suecia, Australia, Holanda, Canadá y Alemania,  y  naciones  asiáticas como Corea del Sur y Singapur,  son todos países altamente desarrollados y con eficientes democracias que lideran las estadísticas globales en los indicadores antes señalados; mientras, países con sistemas autoritarios y  fundamentalistas  y modelos agotados de socialismo real, tienen pobres indicadores de capital social y de desarrollo humano, y se encuentran rezagados en su desenvolvimiento económico.
La historia nos recuerda que la implantación de las comunas  y de las tesis del pensamiento único no es posible en un sistema de plenas libertades como el establecido en nuestra Constitución. Por ello,  lo  que se está planteando es de gran trascendencia y requiere de un debate amplio e inaplazable. La dirigencia política, organizaciones de la sociedad civil,  e instituciones como las universidades no pueden permanecer indiferentes frente a este tema en el que está en juego el futuro democrático del país. Sobre este punto específico trataremos en nuestra próxima entrega.

jmoreno@unimet.edu.ve 
Director General del Celaup www.unimet.edu.ve > celaup Twitter: @morleo

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