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La agonía de nuestras universidades
De nuevo las autoridades gubernamentales están planteando la idea de establecer un sistema de control de costos para las universidades privadas.
El primer intento se propuso hace cerca de ocho años con la intención de que estas instituciones tuviesen que someter al Ministerio de Educación Universitaria sus propuestas de aumento anual de matrícula, cuestión que, al final no llegó a concretarse. Frente a esta recurrente visión estatista y cortoplacista como se está concibiendo nuestro sistema de educación superior, consideramos prudente hacer algunas precisiones.

A lo largo de los más de 15 años de este régimen la política educativa ha estado signada por la expansión de la oferta pública con pocas consideraciones sobre la calidad de la misma y sin evaluar las profundas reformas de la educación que se adelantan en los países desarrollados y en especial en los asiáticos con reciente y exitoso desarrollo. Reformas que responden a las demandas de la sociedad de la información y del conocimiento, características de las nuevas realidades que estamos viviendo. Son tiempos en los que, hasta los marxistas más obtusos, ya han entendido que la lucha de clases no es la ley de la historia que ellos señalaban en tiempos de la sociedad industrial. Ahora la fuerza transformadora es el conocimiento y la información, por ello la educación tiene un papel fundamental frente a estas nuevas realidades, y está surgiendo a nivel planetario una profunda expansión educativa, estimándose que en lo que se refiere a la educación superior, los más de 170 millones de estudiantes activos duplicará la cifra en las próximas dos décadas.

Pero el cambio no es solamente cuantitativo, ya que se están impulsando igualmente importantes transformaciones en el modelo educativo y, especialmente en las universidades para responder a la explosión de conocimientos que caracteriza a la sociedad global con una educación que, tal y como lo plantea Edgar Morín, permita reformar el pensamiento para enseñar a pensar bien, a fin de actuar concretamente, con una educación centrada en la condición humana, los valores de la libertad y de la solidaridad y, por tanto, al margen del pensamiento único. Los países más avanzados están respondiendo a estas demandas con una activa participación de las universidades públicas y de las universidades de gestión privada, todas ellas preservando su autonomía académica y de gestión, en la búsqueda de la excelencia educativa y sobre todo con el apoyo de la sociedad y de políticas públicas promotoras y no entrabadoras de estos esfuerzos de cambio. Por ello, una inteligente política de educación superior no debe limitarse a la masificación de la oferta, ni tampoco puede impulsarse imponiendo trabas burocráticas e ideas retrógradas a las instituciones universitarias. Se requiere entender que los principios fundamentales que valoran a la educación superior como un bien público, incluyen la autonomía y la libertad de cátedra como razón vital de la universidad, principios que deben conjugarse con el esfuerzo necesario para asegurar, tanto en las universidades públicas como en las de gestión privada, niveles de excelencia en su administración y en la oferta académica y transparencia en la gestión de los recursos con rendición social de cuentas para combatir la mercantilización de la educación superior bajo la gestión privada y asegurar la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos que se asignen a las instituciones universitarias estatales.

Nuestro sistema de educación superior acusa un notable rezago frente a las transformaciones que se adelantan en otros países, lo que está poniendo en grave peligro la institución universitaria, entre otras razones, por la falta de recursos apropiados, el deterioro de instalaciones y equipos, los bajos niveles de remuneración de los docentes y la crisis producto del modelo económico gubernamental, la cual al afectar sensiblemente el sector privado repercute de manera negativa sobre las universidades que se financian con la matrícula. Solo a título de ilustración de estas graves circunstancias podríamos señalar, en cuanto al deterioro de las remuneraciones de los docentes que, mientras en Ecuador, con una inflación anual que no supera 5% y un costo de vida inferior al nuestro, un docente universitario con título de profesor agregado devenga un sueldo mensual superior a 3.000 dólares, esa remuneración equivalente en dólares para un profesor de la misma categoría en nuestro país, con una inflación superior a 60%, no alcanza los 300 dólares. Por ello en nuestro caso se ha reducido notablemente la nómina de profesores a tiempo completo en las universidades, incrementándose la fuga de talentos docentes y de investigación y se ha minimizado la actividad de investigación y creación intelectual, todo lo cual afecta la calidad de la educación y por ende la formación de los futuros profesionales. Por contraste en Ecuador, se adelanta una importante reforma en el sistema de Educación Superior y el Gobierno financia los estudios de doctorado en el exterior para los docentes, promoviendo importantes incentivos para captar profesores e investigadores de otros países que contribuyan a desarrollar una educación de excelencia como respuesta a las nuevas realidades globales.

Por todo lo anterior, la responsabilidad del Estado frente a las demandas de reformas que requieren nuestras universidades, no puede limitarse a cuestiones circunstanciales y cortoplacistas. Se requieren cambios profundos que deben emprenderse con el apoyo no entrabador del gobierno y la activa participación de las universidades, en un entorno de libertad académica, de eficiencia y transparencia en la gestión y de profundo compromiso con el país, pero con una visión global. De no proceder así estaremos fomentando la agonía de nuestras universidades y comprometiendo gravemente el futuro de Venezuela.

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