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La respuesta de Guatemala
El país centroamericano representa un caso especial en el tema de la corrupción
La fragilidad institucional y la corrupción son flagelos que, en gran medida, explican la crisis de la democracia y el rezago en los procesos de desarrollo de muchos de los países de América Latina, región que continúa siendo la más desigual del planeta, con algunos de sus países señalados por Transparencia Internacional entre los más corruptos, a nivel global. En el caso específico de Centro América, varios de los países de esa región han visto golpeadas sus endebles democracias por escandalosos casos de corrupción. Así, bajo el remoquete de “La Piñata” se hizo tristemente célebre en Nicaragua el primer gobierno Sandinista, por números manejos dolosos y apropiación indebida de bienes públicos que se sucedieron, especialmente al final de ese régimen. Pero igualmente en ese país fue condenado en 2003 el ex presidente Arnoldo Alemán (1998-2002), por lavado de dinero, fraude y otros casos de corrupción; y en la actualidad son muchos los señalamientos sobre el manejo irregular y poco ético de fondos públicos en todos los niveles del poder del actual gobierno Sandinista. En El Salvador fue enjuiciado el ex presidente Francisco Flores (1999-2004) por malversación de más de 15 millones de dólares de recursos del Estado. En Panamá se ha iniciado una investigación al ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por manejos dolosos de fondos de la asistencia social. En Costa Rica han sido enjuiciados por corrupción los ex presidentes Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) y Rafael Ángel Calderón (1990-1994). En Honduras existe un proceso de investigación por varios casos de corrupción, incluyendo el desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, durante el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014). Los estudiosos del tema han detectado que en los últimos 25 años, 15 de los últimos 39 presidentes que han gobernado los países de la región han sido cuestionados y varios enjuiciados por casos de corrupción. Es por ello que en los recientes informes de Transparencia Internacional, algunos de esos países se señalan entre los corruptos y más corruptos a nivel global.

Guatemala representa un caso especial en el tema de la corrupción por las repercusiones políticas que se han generado al respecto. En efecto, los escándalos de corrupción han provocado la reacción ejemplar de la sociedad civil de ese país -especialmente los jóvenes- que no solo han protestado por la crisis ética y contra varias de las organizaciones políticas involucradas en manejos corruptos, sino que, con su masiva y cívica protesta, ha forzado la renuncia y enjuiciamiento del presidente de la República, el general retirado Otto Pérez Molina. Conviene destacar que en la investigación de estos casos ha cumplido una función ejemplar la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), creada en 2006 por acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, la cual opera en forma independiente para apoyar al Ministerio Público, y otras instituciones del Estado en resguardo de la transparencia en la gestión pública. Gracias a la acción de este organismo y al respaldo del Ministerio Público, se logró en 2008 la condena del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) y de varios miembros de la Fuerzas Armadas por escándalos de corrupción. Igualmente entre 2008 y 2009 se condenó a quien fuera Alcalde de Antigua Guatemala por defraudación de fondos de obras no ejecutadas; y en 2014 se logró la detención y condena de un importante jefe de banda de narcotraficantes que operaba en el país.

El caso más emblemático y en el que ha tenido un papel protagónico la Cicig es el referido a la banda de La Línea que en este año ha sido noticia destacada en los medios de comunicación del continente, por los escandalosos manejos de defraudación fiscal y aduanera, en los que han sido imputados más de 20 funcionarios, incluyendo la destitución y encarcelamiento de la vicepresidenta de la República y dos de los titulares de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Además la Cicig, conjuntamente con el Ministerio Público, han descubierto -en este mismo año- casos de corrupción en el Poder Judicial y en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; defraudación en dos empresas energéticas y financiamiento electoral ilícito a un candidato presidencial en pasadas elecciones.

Por todos estos hechos de corrupción, pero especialmente por el caso de La Línea, se provocó la ya referida renuncia y actual enjuiciamiento del ex presidente Pérez Molina en un proceso ejemplarizante de respuesta de la sociedad civil y la juventud guatemalteca frente a la crisis ética y la ingobernabilidad que han azotado ese país. Guatemala acaba de elegir, en una segunda vuelta, celebrada el 25 de este mes, a un nuevo presidente, el comediante evangélico Jimmy Morales, quién con el 67,43% obtuvo una de las más altas votaciones en la historia democrática de ese país, con el lema “ni corrupto, ni ladrón” y quién tendrá como Vicepresidente a un ex - rector universitario. El pueblo guatemalteco ha dado así un notable ejemplo de cómo es posible lograr avances en la lucha contra la corrupción y los malos gobiernos cuando los ciudadanos se empeñan -sin temor- en derrotar estos perversos males que deterioran la democracia. Con esa ejemplar conducta, Guatemala pasa de ser un país de habitantes a una nación de ciudadanos. Y con su lucha cívica y masiva participación en los recientes procesos electorales este país ha hecho honor a la sentencia de John Locke -padre de la democracia constitucional- cuando señala que “…el pueblo tiene el derecho de rebelarse contra el gobierno si este hace mal uso de su poder”.

José Ignacio Moreno León 
jmoreno@unimet.edu.ve
Director General del Celaup
Universidad Metropolitana
@caratula2000


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