diccionario de economía
 


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México y el petróleo: rompiendo mitos
Pemex sufre un elevado endeudamiento que supera los 61.000 millones de dólares
La evolución de los países de América Latina ha estado plagada de complejos y mitos derivados del “realismo mágico”, y de una cultura del subdesarrollo que ha tenido perversos efectos en el devenir  de nuestros pueblos. Son posturas de la identidad cultural de la región alejadas de la realidad, cuando tenemos que enfrentar problemas económicos y relaciones con el resto del mundo, en un entorno de nuevas realidades que obligan a cambios de actitudes y concepciones para encarar con éxito las demandas y retos del siglo XXI. Solo los países que entiendan estas nuevas circunstancias y cuyo liderazgo político sea capaz de promover los cambios requeridos tendrán las posibilidades de progreso en el proceso de la globalización contemporánea. Estas reflexiones introductorias  vienen al caso cuando observamos las acciones que se están iniciando en México para reorientar el manejo de su industria petrolera, deslastrándola de los vicios del estatismo, del populismo y del clientelismo político, que son ingredientes de la cultura del subdesarrollo que le han hecho mucho daño a esa industria vital de la economía mexicana.

El petróleo surge en México como recurso emblemático vinculado al proceso posrevolucionario,  y la actividad petrolera se inicia durante el gobierno de Porfirio Díaz, quien en 1901 promulgó la Ley de Petróleo para impulsar esa acción dando facilidades a los inversionistas nacionales y foráneos, mediante el sistema de concesiones, para su participación en la exploración y explotación. 

Sin embargo, frente a un complejo conflicto laboral y ante la intransigencia de las empresas para resolverlo, las mismas fueron nacionalizadas y el gobierno asumió el control de la industria cuando, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas expropió esas empresas. El 7 de junio de ese mismo año promulgó la creación de Pemex como compañía estatal para explotar y administrar, con carácter monopólico, los yacimientos de hidrocarburos del estado mexicano.  Todo ello fundamentado en el histórico artículo 27 de la Constitución (reformado en noviembre de 1940) para eliminar el régimen concesionario y mantener el control absoluto del Estado sobre la explotación de los hidrocarburos. 

México alcanzó su mayor nivel de producción petrolera en 2004 con una cifra de 3,4 millones de bpd, pero ya para 2012 dicha producción había caído a 2,5 millones de bpd. Las reservas probadas que en 1999 eran de 47.822 millones de barriles, para 2012 habían descendido a solo 10.260 millones de barriles. Este cambio dramático ha sido consecución de un marcado proceso de deterioro de Pemex, acentuado desde finales de los 80 por una excesiva politización y notorios casos de corrupción. Ello forzó al gobierno de ese entonces a impulsar reformas en la empresa, no pudiendo adelantar otros cambios por limitaciones constitucionales y resistencia política. 

Además, se ha producido el agotamiento de algunos yacimientos y actividades de extracción más y más complejas con reservas ubicadas en sitios más difíciles, lo que ha elevado considerablemente los costos de inversión, con requerimientos de nuevas tecnologías y de elevados recursos financieros de los que el país no dispone. Pemex sufre un elevado endeudamiento que supera los 61.000 millones de dólares, cifra que casi se duplica al agregar los pasivos laborales de la empresa. A todo lo anterior se agrega la creciente demanda energética interna de México que se sustenta en petróleo, gas natural y carbón mineral en 90%, lo cual está generando importantes incrementos en las importaciones de gasolina a los Estados Unidos, así como compras externas de gas natural.

Históricamente en México el petróleo -como en Venezuela- ha sido el recurso fundamental de la economía del país. Los ingresos generados por los hidrocarburos representan la tercera fuente de divisas de la nación y aportan cerca de 8% de su PIB. Desde los tiempos posrevolucionarios, el petróleo ha sido considerado como el elemento emblemático de la soberanía mexicana. Sin embargo, la dramática crisis del sector representa un peligro inminente, pues si no se producen pronto los cambios fundamentales, México puede convertirse en una economía importadora de hidrocarburos. Por ello, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con el apoyo de las fuerzas políticas mayoritarias, ha logrado romper con los mitos y complejos nacionalistas, modificando (entre otros) el emblemático artículo 27 de la Constitución. El objetivo es facilitar de nuevo la participación privada nacional y extranjera en el negocio petrolero, mediante contratos de servicio y de producción compartida. Esa histórica decisión, adoptada el pasado mes de agosto, establece un nuevo paradigma en el manejo de los recursos energéticos mexicanos. Dicho cambio fue difícil de entender por el estamento político, especialmente por la recalcitrante izquierda radical, sumida en los tradicionales complejos estatistas y populistas y reacia a la comprensión de las nuevas realidades globales. Realidades que, especialmente en el ámbito energético, asoman cambios fundamentales en áreas como la tecnología y el surgimiento de nuevos recursos energéticos. Así sucede en Estados Unidos  que ya es autosuficiente en gas natural y apunta a satisfacer toda su demanda energética a mediano plazo con probabilidades de que en los próximos tres años pueda convertirse en el mayor productor mundial de petróleo, e incluso llegar a  transformarse en un importante exportador de hidrocarburos.

Venezuela, en la actualidad y a pesar de tener las mayores reservas mundiales de petróleo (básicamente de crudos medianos y pesados, cuyo desarrollo no supera 5%), presenta una crisis similar a la mexicana. 

Nuestra empresa estatal Pdvsa, altamente burocratizada y politizada, cuya producción pasó de representar 4,8% de la producción mundial en 1998 a 2,7% -apenas- en la actualidad, confronta graves dificultades financieras y operacionales y un endeudamiento similar al de Pemex. Todo lo cual apunta a la necesidad de que el liderazgo político nacional, al igual que lo ha hecho el mexicano, entienda la necesidad impostergable de asumir cambios fundamentales en la industria venezolana petrolera, así como la de romper con la cultura del rentismo que ha sido un lastre para nuestro desarrollo. En breve tiempo deberá despejarse esta grave incógnita en el país.

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