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Unidad nacional frente a Guyana
Guyana ha pretendido hacer avanzar con una serie de actos unilaterales hostiles su tesis marítima maximalista
El pasado 11 de mayo, se produjo un histórico cambio de gobierno en Guyana. David Granger del partido Congreso Nacional del Pueblo, en alianza con partidos minoritarios, ganó las elecciones por un estrecho margen de 1,3% de los votos. Así se cerró un largo ciclo político en Georgetown, ya que el Partido Progresista del Pueblo había gobernado desde 1992, y quedó fuera de juego el Ex-Presidente Donald Ramotar, quien demostró con creces su animosidad contra Venezuela.

Lamentablemente, para evitar mostrar debilidad ante una Asamblea Nacional donde apenas tiene un representante más que la oposición, el Presidente Granger decidió ratificar la línea ofensiva de su antecesor contra Venezuela, y confirmó las abusivas concesiones petroleras entregadas en aguas que corresponden tanto al Esequibo como a nuestra Fachada Atlántica. Aquí destaca las actividades exploratorias del buque DeepWater Champion en el bloque Stabroek -participado al 45% por Exxon, 30% por Hess y 25% por la empresa china CNOOC-, donde fue declarado un “significativo descubrimiento de petróleo” el pasado 7 de mayo.

Dado que el Servicio Geológico de EEUU señala que en toda la zona marítima por delimitar entre Venezuela y Guyana pueden existir recursos prospectivos entre 13,6 y 15,2 millardos de barriles de petróleo liviano -similar en envergadura al descubrimiento de Brasil en áreas pre-sal desde 2007-, y entre 32 y 42 billones de pies cúbicos de gas natural, los políticos guyaneses han empezado a hablar de su país en medios diplomáticos como la “Kuwait de El Caribe”. En efecto, si estos recursos son certificados y se transforman en reservas comercialmente explotables, Guyana podría producir en una década al menos 1 millón de barriles diarios de petróleo, pasando a ser un exportador petrolero neto.

Por ello, en los últimos años, Guyana ha pretendido hacer avanzar con una serie de actos unilaterales hostiles su tesis marítima maximalista, ya no sólo desconociendo nuestros derechos sobre las aguas del Esequibo que deben negociase en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, sino incluso intentando cerrarnos nuestra estratégica salida al Atlántico. 

Su propósito no es otro que crear un conflicto y por esta vía forzarnos a ir a un arreglo judicial: Una estratagema que le resultó con Surinam. Empero, Venezuela a diferencia de Surinam no es signataria de la Convención del Derecho del Mar ni firmó el Protocolo Facultativo sobre Jurisdicción Obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, que cualquier vía judicial que se quiera explorar requiere la aquiescencia venezolana. Por ello, Guyana también busca victimizarse y promover la intervención de terceras potencias que forzarían eventualmente a Venezuela a aceptar esta vía.

Ya que Georgetown parece haber entendido como debilidad la postura venezolana de profundizar la cooperación bilateral más allá de nuestro legítimo reclamo del Esequibo, y ha interpretado la muerte de Hugo Chávez y la crisis económica como un momento propicio para pasar a la ofensiva, debemos mostrar firmeza y unidad frente a sus pretensiones. 

En este sentido, el Decreto Presidencial 1787 del 27 de mayo, declarando una Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular (Zodimain) en toda la Fachada Atlántica y áreas marinas del Esequibo, es un buen primer paso al enviar un mensaje contundente: Venezuela también tiene una tesis marítima maximalista y puede jugar unilateralmente, de manera que, resulta más conveniente retomar los buenos oficios en el marco del Acuerdo de Ginebra.

Recientemente, el Canciller de Guyana, Carl Greenidge, señaló que acudiría ante el Secretario General de la ONU invocando el Acuerdo de Ginebra para “solicitar un arreglo judicial” sobre el “cuestionamiento” venezolano a la “validez del Laudo Arbitral de 1899”. Esta posición guyanesa absurda -al retrotraerse al Laudo Arbitral y dejar a un lado lo dispuesto en el propio Acuerdo de Ginebra que invoca- e inamistosa -al no tomar la posición de Venezuela-, debe ser enfrentada con decisión. 

El patrullaje de la Armada Nacional a lo largo de la Zodimain y una evaluación del acuerdo de petróleo por arroz en el marco de Petrocaribe que genera tantos beneficios económicos a Guyana -Venezuela suministra 5.000 barriles diarios, esto es, 50% de su consumo; y adquiere 50% de sus exportaciones de arroz-, deberían catalizar una reunión de cancilleres.

No obstante, es crucial forjar una unidad nacional amplia, para lo cual proponemos que el Presidente Maduro explore la creación de una Comisión Presidencial para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica, que reúna a miembros de todas las fuerzas políticas, la Fuerza Armada y expertos en el tema, con el propósito de consensuar una sólida posición venezolana frente a Guyana. En este contexto, los partidos de oposición deben ofrecer apoyo -aunque sea crítico- al gobierno. 

La defensa de la integridad territorial y recursos vitales para futuras generaciones, no debe ser obstaculizada por diferencias ideológicas ni mezquindades políticas. Venezuela dividida no puede prevalecer. Además, debemos aprovechar el interés que por primera vez tiene Guyana en buscar una solución.

Finalmente, resulta de capital importancia designar un negociador venezolano a tiempo completo, el cual a su vez debe encabezar una campaña diplomática para explicar nuestra posición y exigir al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el nombramiento de un nuevo buen oficiante que no tenga pasaporte de la Caricom, dado los vínculos históricos que le harían proclive a la posición guyanesa. Ya hemos tenido suficiente con Alister McIntyre (1989-1999) de Grenada, Oliver Jackman (1999-2007) de Barbados, y Norman Girvan (2010-2014) de Jamaica. Desde esta tribuna proponemos al Ex-Secretario General de la ONU, Kofi Annan, quien cuenta con una excepcional experiencia para propiciar una solución para este histórico diferendo limítrofe. ¿Y usted qué opina?

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