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diccionario de economía
 


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Se buscan villanos
Por necesidades políticas o por simple convicción, lo cierto ha sido que la nueva Ley de Costos y Precios Justos ha desatado una verdadera cacería de brujas.
Tomas de depósitos de alimentos, supuestos decomisos de inventarios que escasamente alcanzan para tres días, investigaciones a compañías, visitas sorpresivas y altisonantes amenazas, todo parece formar parte del acto de inauguración de la ley y la sobreactuada gesticulación para dar a entender que se están ocupando del principal problema del país, la inflación.

Una forma de interpretar estas acciones del gobierno sería adjudicárselas a su falta de entendimiento o al simple cálculo del dividendo político que de tales acciones pretende obtener. En efecto ambas posibilidades no son excluyentes y ciertamente la mirada ideologizada de este problema económico le resta entendimiento y asertividad a la política anti-inflacionaria del gobierno.

I
Aún cuando el más elemental sentido común parece indicar que lo razonable para abatir el alto costo de la vida tendría que ver con lo que han hecho la inmensa mayoría de los países de la región, en los cuales la inflación ya no es un problema de dos dígitos, supongamos que nuestras autoridades creen que hay una forma alternativa (o socialista) de parar el aumento de los precios.

La solución alternativa partiría del supuesto, no demostrado, de que los productores son unos villanos. Aquello a lo que nos hemos referido en otras oportunidades, no es más que una firme creencia de este gobierno de que la ganancia y la avaricia es la principal causa del aumento de los precios. Esta causa estaría por encima de otras, como la devaluación, la oferta insuficiente o la desconfianza que se siembra al perseguir al productor, lo que favorece unos retornos más tempranos de la inversión, que el esperado en países donde las amenazas o no existen o son menores.

Según lo anterior de lo que se trata entonces es de introducir controles, como forma de reducir los márgenes de ganancia. Al menos eso ha sido lo que se han hecho desde hace más de 8 años y, como los datos indican, los precios de los productos controlados no han bajado sino que han aumentado, en algunos casos, incluso por encima de los bienes no controlados ¿Qué ha pasado entonces?

II
Normalmente cuando al pensamiento radical no le salen bien las cosas, supone que no se logro lo esperado porque no se fue suficientemente severo. En modo alguno se pasea por la idea de que el supuesto está equivocado. El radicalismo, en cualquiera de sus presentaciones, sea política o religiosa, forma parte de una creencia existencial, ella da forma, contenido e identidad a quienes la profesan y por lo tanto cualquier desviación es igual a perder lo que se es o se pretende ser.

La receta radical cuando la medicina no funciona, es aumentar la dosis de la misma medicina. Puede que ello no sea sino insistir en el error, hundirse más en el problema e incluso formar parte de las causas del mismo, pero para el entendimiento radical probablemente más importante que resolver el problema (en nuestro caso la inflación), es pretender tener la razón.

De eso trata y a esto se ajusta la nueva ley de costo y precios. Es una profundización en los controles. Es un intento de auditoría a las cuentas que presentan los productores de los bienes controlados cada vez que se sientan con el gobierno a negociar aumentos. Es una ley para descubrir la mentira (de unos empresarios avaros) de la que son (eran) objeto los funcionarios encargados de aplicar los controles de precios, quienes se veían obligados a autorizar los aumentos porque no contaban con el andamiaje legal para llegar a las verdaderas cifras.

El resultado no va a ser otro que una eterna negociación donde el peligro al desabastecimiento terminará haciendo ceder al funcionario y aprobar los aumentos tal y como se hacía en el pasado, sólo que ahora con más cabildeo, más burocracia, puede que algo de corrupción y, sin duda, mucha más desconfianza.

III
Descartado el hecho de que la inflación se reduzca por medio de estas prácticas policiales, queda por dilucidar si el segundo objetivo, no excluyente y de naturaleza política, efectivamente se logrará.

Para responder a esta pregunta le propongo al lector que haga el siguiente experimento. Pregúnteles a 10 venezolanos de estratos sociales y ocupaciones diversas, si la especulación tiene algo que ver con la inflación en el país. A pesar de que va a obtener muy variadas (y pude que algo disparatadas) respuestas, todos los consultados harán una asociación causal y, en menor o mayor medida, tenderán a creer (como el gobierno) que "la ganancia exorbitante" es un componente importante de la inflación.

Esta ley sin fundamento empírico, como para que pueda considerarse un instrumento capaz de reducir la inflación en nuestro país, si lo tiene desde las creencias o el imaginario económico de los venezolanos.

Sea porque vivimos en una economía poco competida, o porque los repetidos shocks económicos externos nos tomaron siempre por sorpresas y sin explicación o porque por mucho tiempo ninguna de nuestras autoridades sabía qué hacer con el problema de los precios, lo cierto es que la Ley de Costos y Precios corre paralelo a nuestras creencias y, por lo tanto, si las autoridades cuidan los problemas de desabastecimiento, aún cuando los precios sigan en alza, el efecto político se habrá logrado.

Van en busca de villanos, encontrarlos será el indicador de éxito político. Aunque claro está no lo será desde el punto de vista económico o social.

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