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diccionario de economía
 


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Econoinvest: ¿La verdad procesal o verdad material?
El jueves pasado asistí nuevamente al juicio de Econoinvest. Era la continuación del interrogatorio que el fiscal Daniel Guédez Hernández realizaba a Juan Carlos Carvallo, como correspondía, según las etapas del proceso penal, luego de sus declaraciones realizadas en las sesiones anteriores y al cual el acusado se somete de forma voluntaria.
De hecho Carvallo dejó claro su interés de ayudar a aclarar las dudas que manifestadas tanto por el fiscal como por el juez.

Fue una sesión muy cargada. La sensación que tuve fue como si el fiscal intentara, no solo aturdir al entrevistado, sino al propio juez Romero con una serie de interrogantes confusas, desenfocadas del objeto del caso, sobre aspectos técnicos en materia bursátil que no eran necesarios. 

Luego remataba con preguntas maliciosas que daban a entender el incumplimiento de formalidades que ni siquiera existen en nuestra legislación nacional, como por ejemplo si Econoinvest "tenía licencia de operador cambiario". 

Fue como si el fiscal se quisiera montar sobre la ignorancia que pudiera haber en la sala sobre la materia y confundir. Sin duda poco aportaron sus preguntas para esclarecer ese cristal opacado en este juicio, para así poder estimar la realidad de los hechos, con la pureza con que solo la transparencia nos permite apreciar.

Ciertamente hubo preguntas que tenían sentido, pero las mismas ya habían sido hechas en la sesión anterior, por el otro fiscal, Samuel Acuña. A pesar de no haber asistido, entiendo por los comentarios de los abogados y los familiares que nunca se llegó a objetar ninguna de sus interrogantes, por haber sido pertinentes para la búsqueda de la verdad.
 
A diferencia de la sesión a la que asistí, la cual fue interrumpida en numerosas ocasiones por la defensa a los fines de proteger los derechos del interrogado que, claramente, estaban siendo violados por el fiscal de turno.

Ante esa arremetida, Carvallo nunca se amilanó e incluso hizo uso de manuales del Banco Central de Venezuela (BCV), donde se desarrollaba todo el sistema operativo para que, entre otras, se pudieran transar los TICC. 

También se valió de las normas que regulaban las actividades de las casas de bolsas y de los convenios cambiarios, así como de sus láminas que contenían la data precisa referente a la cantidad de operaciones con TICC que se realizaron en el BCV, justo durante los mismos días en que ocurrieron las seis operaciones que tomaron los fiscales para justificar esta acusación. 

Así, por ejemplo, el 5 de enero de 2010, entre todos los bancos y casas de bolsas se hicieron 1.656 operaciones). Recuerdo que en una respuesta Carvallo quiso entender cómo es posible que el fiscal diga que las operaciones con ADR's o permuta eran legales, porque se les aplicaba la excepción de las operaciones con títulos valores del artículo 9 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios y, en el caso de las operaciones con TICC, la Fiscalía las consideraba ilegales, porque no le aplicaba la excepción. 

"Donde no distingue el legislador no debe mucho menos distinguir el interprete" como el fiscal Guédez pretende distinguir si los tres casos se usan títulos valores. Buena pregunta!

Primero, el juez esta allí para arbitrar, no para demostrar parcialidad e inclinar la balanza a una de las partes. Ni a la Fiscalía por ostentar esa chapa y considerarse parte de la estructura judicial acusatoria. Como tampoco del lado del acusado, mas allá de lo que la ley lo protege y garantiza sus derechos. Que ya, con solo aplicarlos de forma objetiva, haría tanto bien al sistema y evitaría tanto coste a nuestro país de juicios superfluos e inocuos.

Segundo, el juez debe conocer el derecho. El juez no puede asumir un caso sin saber la materia sobre la cual debe tomar una decisión y más cuando la libertad de personas está en juego, además de su reputación. No pueden pretender ni el fiscal ni el juez clases magistrales de los acusados para entender la materia. 

Cualquier manipulación de la verdad, con medias tintas y preguntas capciosas hechas con intención de confundir por parte del fiscal, aprovechando la falta de conocimiento del árbitro judicial, puede condenar a alguien sin ser culpable.
Tercero, por sobre todas las cosas el juez debe buscar la verdad y así imponer la justicia que se requiere. 

Pero esa verdad procesal debiera ser siempre similar a la verdad real o material, la que ocurrió en el mundo real y no la que solo aparece en el procesal. Debe a toda costa evitarse que exista disparidad entre ambas y, por supuesto, hacer prevalecer la verdad real o material frente a la procesal, cosa que muchas veces se conforman con aceptar, dejando a un lado cualquier esfuerzo por acercarse a la verdad real.

Si la verdad procesal sobre la cual decide un juez es disímil a la verdad real o material, la justicia nunca existirá y viviremos en una sociedad vulnerable a la manipulación de actas y expedientes.

Este juicio de las casas de bolsas es un juicio claro en cuanto a determinar si hay o no delito. Es un juicio de mero derecho, es decir, con solo aplicar las normas es suficiente para esclarecer las responsabilidades, pero por la naturaleza de las preguntas que escuche, se busca enredar y confundir la verdad real o material.

Si por un lado, las normas de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios establecieron un tipo penal en su articulo 9 que excluye las operaciones con títulos valores, así mismo, la definición de operaciones cambiarias excluye aquellas con títulos valores. 

Asimismo, las normas de los Convenios Cambiarios, suscritos por el BCV y el Ministerio de Finanzas establecieron las normas base para operar con los títulos valores, creando el mercado alternativo de divisas con dichos instrumentos.

Si por el otro lado los fiscales han expresamente declarado en el juicio que Econoinvest realizó todas sus operaciones con títulos valores; si es la propia Fiscalía quien ya ha demostrado la verdad real y que consta en las actas procesales del uso de títulos valores; de los pagos con ocasión de la compraventa de esos instrumentos; la intervención del BCV en el cruce de estas operaciones a través de sus sistemas, ¿no existe como una evidente inocencia de los acusados que ya llevan mas de dos años y seis meses presos? Por lo menos, no genera una duda razonable? Cómo es posible que sigan tras rejas estas personas?.