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BID propone pensión digna para toda la tercera edad
Objetivo esencial es eliminar en América Latina la pobreza en la vejez

140 millones de personas tendrán 65 años o más en el 2050
140 millones de personas tendrán 65 años o más en el 2050 (Créditos: Google)

02-12-2013 03:32:14 p.m. | César Contreras Altuve.-
El estudio Mejores Pensiones, Mejores Trabajos: Hacia la cobertura universal en América Latina y el Caribe, ALC (octubre 2013), publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), establece que “los objetivos fundamentales de los sistemas previsionales son: eliminar la pobreza en la vejez y suavizar el consumo una vez que se deja de trabajar”

Para ello, deben “proporcionar un ingreso ‘suficiente’ para satisfacer las necesidades básicas de los adultos mayores (eludir la pobreza en la vejez)”, además de “evitar las caídas abruptas en la capacidad de consumo al llegar a la edad de jubilación (suavizamiento del consumo)”. 

La investigación plantea dos ideas centrales u objetivos. Una, que la finalidad “del aseguramiento social contra la pobreza en la vejez deber ser el ciudadano”; es decir, la persona, “sin importar si trabajó o no, ni el tipo de trabajo que haya tenido durante su vida laboral”. La otra, que “el aseguramiento contra la caída del consumo debería ser efectivo para la totalidad de los trabajadores, independientemente del tipo de trabajador que cada uno haya sido durante su vida laboral”. 

Instrumentos
Para lograr esos dos objetivos propone, en primer lugar, “una pensión antipobreza no contributiva para todos los ciudadanos” hacia el año 2050, la cual debe tener las siguientes características: “constituir un pilar universal que elimine la pobreza en la vejez”; además,  “establecida con estrictos criterios de elegibilidad en función de la edad y contar con una fuente de financiamiento estable”; que sea “compatible con la percepción de una pensión del esquema contributivo”; y, finalmente, debe contar con “una fuerte institucionalidad que le otorgue sostenibilidad fiscal a largo plazo y protección frente al ciclo político”. 

En segundo lugar, recomienda “la incorporación paulatina de los colectivos de trabajadores no asalariados, que tradicionalmente han sido excluidos de la seguridad social”. Aquí propone la “obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores, sin importar su categoría ocupacional (asalariados o no), en caso de que esta no sea ya obligatoria, y lograr que los no asalariados tengan los mismos subsidios y los mismos beneficios que los aplicables para los trabajadores asalariados”. 

El documento también plantea los “subsidios al ahorro previsional en el mercado de trabajo”. Considera que “el Estado puede incentivar la cotización mediante subsidios a los aportes obligatorios de todos los trabajadores (asalariados y no asalariados), favoreciendo la incorporación de los trabajadores de ingresos medio-bajos con el objetivo de abaratar el trabajo formal y ofrecer incentivos para que trabajadores y empresas participen en los sistemas de previsión social”. 

Y en cuarto término, sugiere la  “fiscalización, información y educación”; es decir, que “el papel del Estado debe expandirse hacia la fiscalización del mercado de trabajo y la entrega de información continuada y pertinente a los ciudadanos acerca de los resultados de sus contribuciones al sistema previsional”. 

Envejecimiento
El análisis señala que en el año 2010 el 6,8% de la población total de ALC correspondía a adultos mayores de 65 años. Se estima que para 2050 alcanzará 19,8%, pues se calcula que para entonces -si no se introducen reformas-  “habrá más de 140 millones de personas con 65 años o más” (40 millones en la actualidad), de las cuales  “entre 66 y 83 millones de ellas no habrá contribuido lo suficiente para recibir una pensión”. 

Destaca que actualmente “solo cuatro de cada 10 trabajadores latinoamericanos cotiza a un sistema de pensiones”; por tanto, es fundamental “fomentar el trabajo formal para garantizar un sistema sostenible de pensiones”. 

Así, “ALC enfrenta el reto de proporcionar un ingreso digno y suficiente a los millones de adultos mayores que se jubilarán en las próximas décadas”. De modo que “si no se establecen los mecanismos para evitar la caída del ingreso en la vejez debido a la ausencia de un sistema previsional adecuado, los avances que se han logrado en la reducción de la pobreza y la desigualdad podrían desvanecerse”.

Sostenibilidad 
Igualmente se indica que “la gran preocupación de los países de la región con relación a los sistemas previsionales públicos ha sido su sostenibilidad financiera ante los costos fiscales que genera el envejecimiento en la región”. En otros términos, esos sistemas van a estar “sometidos a una presión creciente debido al envejecimiento demográfico”. 

Para enfrentar tal situación sugiere ciertas “reformas paramétricas” aplicadas en países desarrollados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), tales como: “aumentos de los ingresos (en general, impuestos al consumo, y en menor medida de cotizaciones por medio de aumentos en las bases) y, sobre todo, reducciones del gasto a través de menores pensiones (con una indexación más modesta, o un aumento del período de cálculo de la pensión), o el retraso de la edad de jubilación (obligatorio a través de la edad legal o voluntario por medio de bonificaciones)”. 

Estima que en ALC esas reformas no deben desincentivar la formalidad; además de evitar “aumentos de las cotizaciones en los casos en que ya sean altas”. Por el lado del gasto, los cambios “deben apuntar a adecuar la edad de jubilación a la esperanza de vida, pero teniendo en cuenta la empleabilidad a edades avanzadas”, y “deben asegurar que el nivel de la pensión sea adecuado para que cumpla con sus funciones de lucha contra la pobreza y suavizamiento del consumo”. 

Venezuela
En Venezuela, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población económicamente inactiva sumó en octubre pasado más de 7,5 millones de personas (34,9% del total de la población en edad de trabajar); además de los pensionados y jubilados, se cuentan estudiantes, rentistas, amas de casa, ayudantes, auxiliares e incapacitados para trabajar.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) tiene hasta ahora 2.521.789 personas pensionadas. Además, la Misión En Amor Mayor, creada por el Gobierno en diciembre de 2011, ha incorporado 551.549 personas que no habían cotizado al Ivss. Así, 3.073.338 personas están incluidas en el sistema de pensiones. La pensión mensual es igual al salario mínimo: Bs. 2.973, equivalente a $471,9. 

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