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Artículos clave de la Ley contra la Delincuencia Organizada
El nuevo instrumento legal, ya aprobado en la Asamblea Nacional, recibió el visto bueno del TSJ como ley Orgánica. Este texto consta de 89 artículos, 25 de ellos son nuevos y más de 30 reformados.

Artículos clave de la Ley contra la Delincuencia Organizada
La nueva ley pone énfasis en distintos delitos y financiamiento al terrorismo (Creditos: Reuters)

07/02/2012 04:01:07 p.m.|Jesús Rivero Bertorelli.- La nueva Ley busca, como lo define su Artículo 1, "prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar" los delitos del crimen organizado y el financiamiento a actos terroristas. La reforma sube hasta el máximo de 30 años las penas contra la delincuencia organizada.

A continuación los artículos que han levantado polémica:

El Artículo 13 se refiere a la obligación del reporte de actividades sospechosas. El texto indica que todos los “sujetos obligados” (es decir toda persona o natural o jurídica que está en la obligación de cumplir la ley) “deberán informar de manera expedita a través de los reportes de actividades sospechosas a la Unidad Nacional de Inteligencia Fianciera” (Unif).

El Artículo 9, numeral 6, incluye como “sujetos obligados” a las “fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro”. En el numeral 9 se incluye también en este grupo de sujetos obligados a los “abogados, administradores, economistas y contadores”.

El nuevo texto, en su Artículo 6, contempla la creación de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, órgano que estará adscrita al Ministerio de Interior y Justicia. En el texto anterior esta facultad del monopolio de la acción penal, correspondía únicamente al Ministerio Público

Los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 establecen que los propietarios de las entidades deberán remitir la información de todas las transacciones en efectivo, realizadas el mes anterior, a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif).

De no hacerlo, los banqueros serán multados con 500 a 1.000 unidades tributarias. Es decir, entre 38.000 y 76.0000 bolívares. Si se detecta que un cliente es responsable de depositar dinero que podría considerarse de procedencia dudosa, el banco puede hacer un reporte de estas actividades a la Unif.

El cuerpo legal indica que toda averiguación de los estados financieros puede ser efectuada sin el consentimiento o autorización de los clientes bancarios sujetos a investigación.

Asimismo, el Artículo 56, se establece el bloqueo o inmovilización de cuentas bancarias, “durante el curso de una investigación penal”.

La normativa también incluye sanciones contra la manipulación genética (Artículo 40), trata de personas (41), inmigración ilícita (42), tráfico de órganos (43) y sicariato (44).

Por su parte, el Artículo 66 y “a los fines de investigación penal” autoriza al Ministerio Público a “interrumpir, interceptar o grabar comunicaciones y otros medios radioeléctricos” a toda persona u organización que esté bajo investigación. De igual forma, “las empresas privadas de telefonía están obligadas también a permitir que se usen sus equipos e instalaciones” para adelantar esas averiguaciones.
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