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POLÍTICAS PÚBLICAS

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Política de control genera corrupción tras la estructura paralela del gestor
Un tercio de las divisas otorgadas por Cadivi en 2012 fueron a parar a importaciones ficticias, mientras comerciantes son extorsionados por funcionarios encargados de la fiscalización de los precios.

21-06-2013 02:46:18 p.m.|Ahiana Figueroa.-
Una serie de distorsiones económicas ha generado la permanencia por más de 10 años del control de precios y de cambio, pero también ha causado irregularidades y corrupción por parte de los funcionarios que deben velar por el correcto manejo de las actividades administrativas de los entes públicos.

El Gobierno ha señalado en su discurso de la economía socialista que los empleados públicos deben trabajar en beneficio del pueblo y deslastrarse de los "vicios del capitalismo", pero 14 años han pasado y aún no ha podido inculcar esos valores en el llamado "hombre nuevo".

La reciente destitución de algunos funcionarios del Indepabis por cometer delitos de corrupción y las declaraciones de alto nivel sobre la entrega de dólares a empresas de maletín han develado, una vez más, que la política de controles genera mecanismos de intermediación para agilizar los procesos engorrosos. Analistas señalan que la creación de una administración paralela en cada organismo, gracias al conocimiento de los movimientos en tiempo real, ha "profesionalizado" a los gestores.

Las acciones   

El Ejecutivo ordenó acciones para evitar el llamado flagelo de la corrupción. Hasta ahora, en lo relacionado con las divisas, se efectúa un cruce de la data entre el Seniat y Cadivi para identificar a las empresas de maletín.

Por primera vez en mucho tiempo, la bancada oficialista en la Asamblea Nacional acepta iniciar una investigación propuesta por diputados de la oposición, sobre la liquidación de 20.000 millones de dólares para importaciones ficticias

Aún no se especifica si el caso irá más allá de las personas jurídicas, para establecer la responsabilidad de funcionarios que pudieran estar involucrados.

En el caso del Indepabis, el presidente Nicolás Maduro ordenó abrir investigaciones, pues "no puede haber sociedad socialista con el flagelo de la corrupción (…) mano dura todo el pueblo y las instituciones contra el delito de la corrupción", sentenció.

Además del cambio en la directiva del organismo y la destitución de funcionarios por hechos de extorsión, se realiza un proceso de allanamiento a la vivienda de la anterior presidenta del Indepabis, Consuelo Cerrada. Esta funcionaria se puso ayer a la orden del Ministerio Público y exigió copia del expediente en su contra, pues dice ser inocente de las acusaciones.   

El asesor legal, Leonardo Palacios, recuerda que en 1983 se creó la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, la cual marcó un hito en la regulación de la función pública a los efectos de determinar la responsabilidad civil, patrimonial y penal de quienes forman parte de la nómina estatal. Luego, en 2003, se modificó este instrumento para dar paso a la Ley contra la Corrupción. 

Resalta que la legislación en torno a este tema existe y es idónea, pero que los hechos de corrupción son un problema de valores, de falta de supervisión y de control de gestión. 

"Siempre ha habido regulación, pero se observa la ausencia de controles efectivos sobre la actividad financiera del Estado, desde el momento de la ejecución del presupuesto de la nación, en las licitaciones, la actividad de recaudación o impositiva y en lo relativo a la construcción de obras, entre otras áreas".

El diputado de la Comisión de Contraloría de la AN, Carlos Ramos, quien propuso el inicio de una investigación sobre los dólares otorgados a empresas de maletín, afirma que esta información resulta "muy grave" debido a que se ha "lesionado el patrimonio público"

"Hay que ser doblemente cuidadoso en la lucha contra la corrupción y más cuando se está en una economía con alto déficit fiscal y con baja disponibilidad de divisas. Hay que evitar también, por ejemplo, la existencia de un presupuesto paralelo constituido por 23 fondos manejados sin control posterior y alta discrecionalidad", señaló.

Para el diputado de la Comisión de Finanzas, Elías Matta, no queda duda de que el mejor negocio en Venezuela "es conseguir dólares Cadivi", situación que termina incentivando delitos como la sobrefacturación. 

Considera que el Gobierno, en los últimos meses, ha hecho evidente su intención de corregir el problema, pero que se muestra muy lento para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados, especialmente de Cadivi. "La forma como está concebido el control de cambio ha hecho que la tentación para cometer irregularidades sea muy grande".

Transparencia y flexibilización

Recalca Palacios que no se puede regular toda la economía y que los controles actuales del Estado son "absolutamente discrecionales", pues se basan en la premisa de que el empresario y el ciudadano son delincuentes.

"Esa presunción de culpabilidad lleva a que los controles sean irracionales y no ajustados a la realidad económica. Son controles engorrosos, lentos y que llevan a potestades discrecionales y abiertas al funcionario, que muchas veces fundamentan la corrupción a la par que no existe un control efectivo jurisdiccional".

Reitera el abogado que todos los controles -de cupos, los relacionados con permisos, autorizaciones y licencias, incluso los municipales- son discrecionales. "Entre mayores controles, mayor corrupción y quien sale perjudicado es el Fisco".   
       
El diputado Ramos resalta que el control que deben ejercer no solo los diputados, sino también los ciudadanos, se puede dar en la medida en que haya información pública disponible sobre la gestión. "Todo se ha manejado con mucho secretismo y ya llegó el momento de ser transparentes con las cuentas oficiales".

El diputado Matta señala que las investigaciones deben ir más allá de los empleados medios, porque se evidencia daño patrimonial, "pero lamentablemente no hay voluntad política".

Recalca que no hay duda de que el Gobierno debe ir a una flexibilización de los controles, además de una reforma de las leyes.

"No puede ser que hablar del dólar sea delito, esto genera mayor corrupción. Tiene que haber la posibilidad de que otros agentes distintos al Gobierno puedan intervenir en el mercado cambiario.  No hay ingreso petrolero que soporte tanta corrupción".  

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La extorsión llega del instituto que fiscaliza los precios 

El control de precio instaurado desde 2003 no solo no ha podido contener el incremento de la inflación, sino que ha contribuido al desabastecimiento y a incentivar la comisión de delitos en algunos funcionarios, tipificados como "abuso de poder".

En días recientes el nuevo presidente del Indepabis, Eduardo Samán, informó que cruzarán la base de datos de Cadivi con la del organismo para frenar los sobreprecios en los productos de aquellas empresas que recibieron dólares oficiales.

Pero agregó: "Comenzaremos por sanear la casa y relanzar al Indepabis", intención que se hizo explícita luego de las informaciones sobre la destitución y posterior detención de funcionarios del ente público, acusados del delito de extorsión, uno de ellos de alto nivel como lo es el supervisor de Fiscalización del instituto.

El propio Samán confirmó que se puso a la orden de las autoridades judiciales a tres funcionarios por cometer actos de corrupción. Anteriormente, se había detenido a otros dos empleados del Indepabis en Mérida, mientras que otras informaciones provenientes de la Fiscalía señalan la acusación de otros dos funcionarios más en Caracas, los cuales pertenecían a una banda que extorsionaba a comerciantes.

El ministro para el Comercio, Alejandro Fleming, ratificó recientemente que "hay cero tolerancia ante las irregularidades y  los corruptos" y agregó que los implicados en las denuncias vinculadas a casos de extorsión en  el Indepabis están a la orden del Poder Judicial.

El 17 de junio, el Ministerio de Comercio renovó la mitad del directorio del instituto y nombró nueve coordinadores regionales, según lo publicado en la Gaceta Oficial N° 40.189.

Un saludo a las leyes  

Los instrumentos legales tampoco han servido para detener la venta de productos controlados  a precios por encima de la regulación en el mercado informal. 

Aunque organismos como el Indepabis han hecho advertencias a los trabajadores informales (buhoneros) sobre este particular y existe una ley desde 2010 que lo prohíbe, estos continúan con la práctica. 

Tampoco se ha puesto coto a aquellos comercios que distribuyen o venden mercancía al mayor al comercio informal.
 
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El virus de las empresas de maletín

El empresario venezolano debe cumplir 16 requisitos para acceder al sistema de administración de divisas y, a pesar de ello, se escuchan quejas por el retraso en la entrega de los recursos a través de Cadivi. Mientras, sin saber cómo ni por qué, otros consiguen de manera expedita los dólares sin pertenecer a un sector prioritario de la economía y sin ser empresas legal y formalmente constituidas.

En febrero el entonces ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, afirmó  que durante el año 2012 se registró una sobrefacturación en las solicitudes de divisas y, al mismo tiempo, criticó el Sitme por ser un sistema fácil de burlar.     
 
"Siempre hay filtraciones y siempre las habrá. Por ejemplo, se creó un mecanismo como el Sitme que nació genéticamente perverso. Ahora hay que hacerle una anatomía patológica para saber cómo eran sus perversidades. Cuando creas un sistema de administración de divisas, el otro polo (la gente que quiere burlarlo y sacar provecho) nace automáticamente. Puedes perseguirlos, pero siempre le buscan la vuelta: la sobrefacturación, los containers llenos de piedra… trucos para lograr su meta: comprar barato y vender caro", dijo en una entrevista al diario Ciudad Caracas.

Estas declaraciones fueron avaladas por la presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, al aseverar que el año pasado se entregaron divisas a importaciones ficticias. "Lo que se entregó en dólares el año pasado fueron cantidades considerables, pero también hay otra cantidad considerable que se llevó a empresas de maletín", dijo.

Este tipo de compañías existió bajo los controles de cambio aplicados en gobiernos anteriores y persisten en el actual. 

Hasta Cadivi   

En los últimos años se han observado irregularidades en el proceso de asignación de divisas. El expresidente de Cadivi, Manuel Barroso, indicó en diciembre de 2012 que unos 50 funcionarios fueron destituidos de sus cargos. La mayoría de estos laboraban en las distintas aduanas del país. La directiva del organismo, junto con Barroso, fue cambiada meses después.

 "Hemos detectado casos de corrupción; por supuesto, hemos procedido de acuerdo con la normativa correspondiente. En las aduanas hemos detectado hechos irregulares y desincorporado a trabajadores de la institución. En aquellos casos en los que hemos tenido los elementos de convicción suficientes, los hemos colocado a la orden de los organismos de seguridad del Estado", dijo a  este diario en diciembre de 2012.

Antes de la salida de Barroso, Giordani había ordenado "sanear" operativa y administrativamente al organismo. El ministro Nelson Merentes se encuentra trabajando para mejorar y optimizar el sistema de administración de divisas. Al ser consultados sobre las responsabilidades que habría en torno a las liquidaciones irregulares, Betancourt y Merentes solo se han limitado a señalar que se encuentran en la etapa de investigación de la base de datos de Cadivi y el Seniat.

El ente tributario no se queda atrás. Ayer uno de cuatro funcionarios acusados ya por corrupción fue encontrado con Bs. 4 millones en su vivienda. 




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