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Torino Capital afirma que gasto real aumentó por segundo mes consecutivo
Las erogaciones por bonos de fin de año y programas sociales elevaron el financiamiento monetario del gasto, presionando la aceleración de la inflación

Caso Citgo podría afectar disputas entre Venezuela y sus acreedores
Caso Citgo podría afectar disputas entre Venezuela y sus acreedores (Créditos: Archivo )

06-12-2017 06:35:00 a.m. | Emen.- El gasto interanual del gobierno central subió 25,1% en términos reales durante el mes de noviembre, registrando el segundo incremento del año, de acuerdo con las estimaciones de Torino Capital. Este resultado contrasta con la tendencia observada durante los primeros nueve meses de 2017, durante los cuales el gasto se contrajo 22,3% con respecto al mismo período de 2016.

Las cifras están publicadas en el más reciente informe del banco de inversión, titulado Criptorealidad, y responden a estimaciones basadas en las proyecciones semanales de gasto público divulgadas en la página web de la Oficina Nacional del Tesoro.

El aumento del gasto intermensual en noviembre, según la data recopilada por Torino Capital, fue de 111%, una magnitud similar a la observada en noviembre del año pasado (109%).

“Hasta cierto punto, este patrón es normal, debido a que noviembre es el mes en que se pagan los bonos de fin de año del sector público, pero este año esta tendencia se exacerbó”, destaca el banco. El nivel de noviembre es superior al promedio del año en 180%, mientras que en 2016 y 2015, lo fue en 81,0% y 83,1%.

Este año, se presentaron algunos factores adicionales que contribuyeron a un mayor incremento. El primero fue el aumento en la cantidad otorgada en el bono de fin de año de los empleados públicos, que pasó de 3 meses a 4 meses de salario. Pero, además, se han aprobado pagos para varios programas de transferencias monetarias directas que conforman la base de las nuevas iniciativas de subsidios del gobierno, entre las cuales está el programa Carnet de la Patria”, señala la firma.

A través de esta tarjeta, el gobierno afirma estar otorgando un bono navideño de Bs 500.000 a 8 millones de familias, lo cual implica una erogación de Bs 4 billones, o 30% del gasto estimado de noviembre.

Pese al aumento, el banco advierte que el gasto sigue estando 30,2% por debajo del pico de 2012. De hecho, el incremento registrado en octubre y noviembre no evitará la caída de este indicador al cierre de 2017. “El gasto ha caído 11,5% en los primeros 11 meses del año”, detalla la firma.

Entre tanto, el gasto extrapresupuestario, aprobado por el propio Ejecutivo a través del Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, totalizó hasta noviembre una cifra equivalente a 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal. De hecho, el presupuesto total autorizado hasta ahora se ubica en 10,7% del PIB, 7,3 puntos por debajo del año pasado.

La firma también destaca que el incremento del gasto público real es consistente con la idea de que la inflación se está acelerando más rápido que la capacidad del gobierno para financiarla a través de la impresión de dinero. El financiamiento monetario del Banco Central a compañías estatales no financieras (principalmente Pdvsa) se ha mantenido en aumento a una tasa mensual promedio de 1.967%, tras el pico de 2.679% registrado en julio.

Esto, para Torino Capital, puede ser consecuencia de una caída en los ingresos reales. Los ingresos fiscales a través de la recaudación del Seniat crecieron solo 384,8% en términos nominales entre enero y octubre. En términos reales, la recaudación cayó 35,0%, más que la caída de 18,2% en el gasto real observada durante el mismo periodo. 

La necesidad de financiar el gasto con impresión de dinero presiona tanto la inflación como el tipo de cambio en el mercado paralelo de divisas. El economista jefe de Torino Capital, Francisco Rodríguez, indicó que el lanzamiento de estos programas se ha hecho sin llevar adelante los ajustes fiscales y tributarios indispensables para financiar este gasto. “Ello hace prácticamente inevitable que su implementación se vea asociada con un fuerte crecimiento del financiamiento monetario del déficit y una aceleración de los precios y de la depreciación de la moneda”, destacó. 

Citgo y el argumento del alter ego

La mañana del 30 de noviembre, las fuerzas de seguridad venezolanas arrestaron al ex ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, y al también recién destituido presidente de Pdvsa, Nelson Martínez. La operación se hace en el marco de una investigación de corrupción vinculada a la estatal petrolera, por la que ya han sido aprehendidos 65 funcionarios.

Torino Capital advierte que las acusaciones contra ambos funcionarios podrían tener implicaciones significativas en potenciales disputas legales a futuro entre el gobierno venezolano y los tenedores de bonos. Las autoridades acusan a Martínez de estar en conocimiento de una operación de refinanciamiento de deuda llevada a cabo en Citgo, en la que se ofrecía como colateral los activos de la filial y que no contaba con el aval del presidente de la República, lo cual fue catalogado por la Fiscalía como un delito.

“Al alegar que la entidad (Pdvsa) requiere autorización del gobierno nacional para refinanciar su deuda, el Fiscal General de la Pública estaría otorgando base al argumento de que no existe separación real entre Pdvsa y sus filiales, por un lado, y el gobierno, por el otro”, explica la firma. Esta interpretación podría facilitar pruebas
para los acreedores de que Pdvsa y Citgo son alter egos del gobierno venezolano, lo que eleva la vulnerabilidad de sus activos ante un posible embargo en el contexto de una disputa con el Estado venezolano.

El banco detalla que la relación entre Citgo Petroleum y sus dueños está regulada por la ley de Delaware, para la cual no es necesaria la autorización de los accionistas para obtener financiamiento; entre tanto, la relación entre Pdvsa y su propietario (la República) se rige por la ley venezolana, que exime a Pdvsa de la prohibición de usar activos como colateral.

“La capacidad de los tenedores de presionar al gobierno venezolano en caso de una disputa legal dependerá de su habilidad para probar que las entidades a través de las cuales el país posee activos son alter egos de Pdvsa o del Estado venezolano”, señala el texto. Añade que, si un tribunal puede establecer que no existe una identidad separada entre la compañía y sus accionistas, entonces estos últimos pueden ser responsables por la deuda de la corporación.

Ciertamente, la insistencia por parte del gobierno en que el Ejecutivo debió autorizar el refinanciamiento de la deuda de Citgo, al punto de perseguir legalmente a los miembros de la junta directiva responsables de la emisión, podría sugerir que considera los bienes de la compañía como propios, los directores como funcionaros públicos y que circunscribe las actividades de la entidad.

“El hecho de que la designación de Asdrúbal Chávez el 22 de noviembre como presidente de Citgo haya sido anunciada directamente por el presidente Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter soporta aún más el argumento de que el gobierno nombra directamente a los miembros de la junta directiva”, indica la firma.

Precios justos vs precios acordados

Torino Capital también analizó en su informe semanal las más relevantes diferencias entre la Ley de Precios Acordados, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y publicada la semana pasada en Gaceta Oficial, y la Ley de Precios Justos, cuya última reforma fue a finales de 2015.

La Ley de Precios Acordados revisa significativamente el marco legal de los controles de precio, introducidos por Hugo Chávez en 2011, que se han vuelto más punitivos con el paso del tiempo. La nueva legislación establece un sistema de precios “acordados” o negociados, que incorpora al sector privado en el mecanismo de determinación de los costos. Además, elimina el tope de 30% para las ganancias y permite revisiones periódicas de los precios.

“No queda totalmente claro de qué forma el gobierno permitirá que la Ley de Precios Acordados coexista con el sistema más punitivo de la Ley de Precios Justos”, señala la firma. Una disposición transitoria de la nueva ley establece que las sanciones por incumplimiento serán aquellas determinadas en la Ley de Precios Justos hasta que sea creado un nuevo sistema de monitoreo y control compatible con la nueva norma.

No obstante, el banco advierte que, aunque la ley luce como un sistema más flexible, no queda claro cómo operará en la práctica. “Puede ser muy pronto para determinar si el cambio en la letra de la legislación se verá reflejado en cambios concretos en la implementación de los controles. Además, en el pasado, el gobierno ha publicado leyes prometiendo mayor flexibilidad – por ejemplo, con relación al control de cambio – pero no las implementó”, concluye.

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